La medida prevé gravar el 75% de los ingresos de quienes ganen más de un millón de euros al año. Solo afectaría a unos 2.000 hogares franceses y tendría carácter temporal para lidiar con la crisis económica. Sin embargo, el proyecto implica un "desconocimiento de la igualdad ante las cargas públicas", según un comunicado del Consejo.

A efectos fiscales, dos hogares pueden tener el mismo nivel de ingresos por actividad profesional y quedar sujeto a la tasa en un caso y exonerado en otro, según la repartición de los ingresos entre los contribuyentes.
 
Tras la sentencia del Constitucional, el jefe del Gobierno, Jean-Marc Ayrault, indicó que “solo retrasa la decisión” y aseguró que el impuesto "será restituido" y votado antes de que concluya el año entrante "para que se aplique sobre los ingresos de 2013".